Familias denuncian cobros, posibles condicionamientos de trámites y malos tratos. Advierten que podrían cerrar el plantel si las autoridades educativas no atienden sus exigencias.
La inconformidad entre padres de familia de la Secundaria General Tierra y Libertad ha escalado hasta una exigencia de cambios en la dirección del plantel. Integrantes de la comunidad escolar acusan presuntas irregularidades administrativas y prácticas que, aseguran, afectan tanto a estudiantes como a sus familias.
Entre los principales señalamientos figuran cobros relacionados con las inscripciones, falta de claridad sobre el destino de las cuotas escolares y la presunta obligación de adquirir chamarras deportivas con un precio de 500 pesos.
Las quejas también incluyen supuestas amenazas, actitudes prepotentes hacia el alumnado y condicionamientos para realizar trámites escolares.
Los inconformes responsabilizan de estas situaciones al director José Enrique “N”, la subdirectora Yazmín “N”, el supervisor escolar Saúl “N” y la trabajadora social Martha “N”, de quienes solicitan la destitución.
Asimismo, los denunciantes aseguran que el actual director ya había enfrentado cuestionamientos similares durante su paso por la Secundaria General Número 5 de Pachuca, antecedente que no ha sido corroborado de manera independiente.
Advierten posibles protestas y cierre de la escuela
Ante la situación, los padres solicitaron que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), encabezada por Natividad Castrejón Valdez, intervenga para esclarecer los hechos y revisar la actuación del personal señalado.
Advirtieron que, de no obtener una respuesta, podrían organizar manifestaciones e incluso impedir el acceso al plantel como medida de presión.
La comunidad escolar exige una investigación imparcial, cuentas claras sobre el manejo de los recursos y garantías de que ningún estudiante vea condicionado su derecho a la educación por pagos presuntamente indebidos.
Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una postura oficial de la SEPH ni de los trabajadores señalados. Las acusaciones corresponden a testimonios de los inconformes y requieren ser investigadas por las autoridades competentes.
