APAN, Hgo.â Hay imĂĄgenes que deberĂan incomodarnos como sociedad. Esta es una de ellas.
Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, viajan sobre una bicicleta eléctrica por una de las calles mås transitadas de Apan. Ninguna lleva casco. Ninguna protección. Lo mås preocupante es que para muchos ya dejó de ser una escena extraordinaria.
La fotografĂa llegĂł a El Altiplano VIVE como una denuncia ciudadana. Sin embargo, el problema no es una familia. El problema es que esta imagen se repite todos los dĂas.
No hace falta recorrer durante horas las calles del Altiplano. Bastan unos minutos en Apan, Ciudad SahagĂșn, Tepeapulco, Almoloya, Emiliano Zapata o cualquier cabecera municipal para encontrar bicicletas elĂ©ctricas transportando a tres, cuatro y hasta cinco personas, muchas veces con niñas y niños a bordo, compartiendo carriles con automĂłviles, motocicletas, camiones y transporte pĂșblico.
Y nadie parece verlo como un riesgo.
Mientras un motociclista puede ser detenido por no portar casco o incumplir con el Reglamento de TrĂĄnsito, las bicicletas elĂ©ctricas y otros vehĂculos de micromovilidad circulan, en muchos casos, sin una regulaciĂłn claramente aplicada y sin que exista una verdadera cultura de prevenciĂłn entre quienes las utilizan.
Vale la pena decirlo: el problema no son las bicicletas eléctricas.
Representan una alternativa econĂłmica, prĂĄctica y menos contaminante para muchas familias. El problema comienza cuando se utilizan para transportar mĂĄs personas de las que fueron diseñadas para llevar, cuando viajan menores sin ninguna protecciĂłn y cuando circulan entre vehĂculos de mayor tamaño y velocidad como si todos ofrecieran las mismas condiciones de seguridad.
Una bicicleta elĂ©ctrica no tiene carrocerĂa, cinturones de seguridad, bolsas de aire ni estructuras capaces de absorber un impacto. En un accidente, la diferencia entre un susto y una tragedia puede reducirse a un casco… o a la falta de Ă©l.
La Ley de TrĂĄnsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo contempla a las bicicletas elĂ©ctricas y otros vehĂculos de micromovilidad dentro de un marco legal de circulaciĂłn y establece medidas de seguridad de acuerdo con su clasificaciĂłn. Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado ya analiza un marco regulatorio especĂfico para este tipo de transporte, ante el crecimiento acelerado de su uso y la necesidad de que los municipios actualicen sus reglamentos.
En Apan ya existe un esfuerzo que merece reconocerse. Hace apenas unas semanas, el Gobierno Municipal implementó el operativo «Casco Seguro», una estrategia preventiva dirigida a motociclistas para fomentar el uso del casco y fortalecer la cultura vial.
La iniciativa va en la direcciĂłn correcta.
Pero la realidad demuestra que el desafĂo ya es mucho mayor.
Las calles cambiaron. La forma de movernos tambiĂ©n. Hoy las bicicletas elĂ©ctricas forman parte de la movilidad diaria del Altiplano y, con ello, surgiĂł un vacĂo que ya no puede seguir ignorĂĄndose.
No se trata de prohibir estos vehĂculos ni de señalar a quienes los utilizan. Se trata de aceptar que la movilidad evolucionĂł mĂĄs rĂĄpido que los reglamentos y que la prevenciĂłn no puede quedarse atrĂĄs.
Porque cuando una bicicleta eléctrica transporta a cuatro personas, dos de ellas menores de edad y ninguna con casco, el problema deja de ser una decisión personal.
Se convierte en un asunto de seguridad pĂșblica.
Regular este tipo de vehĂculos no significa recaudar mĂĄs ni complicarle la vida a la ciudadanĂa. Significa establecer reglas bĂĄsicas para proteger a quienes los utilizan y tambiĂ©n a quienes comparten la vialidad con ellos.
Las bicicletas eléctricas llegaron para quedarse. Lo que no puede quedarse igual es la indiferencia con la que estamos viendo escenas como esta.
