En Primera Persona | Alberto Carrasco Cedillo
Hablar de verificación vehicular en Hidalgo es hablar de una obligación legal, ambiental y social. Es un requisito que, en teoría, busca mejorar la calidad del aire, reducir emisiones contaminantes y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental. Nadie discute la importancia de cuidar nuestro entorno. El problema no está en el fondo, sino en la forma.
Para quienes vivimos en el Altiplano hidalguense —en municipios como Tepeapulco, Apan, Tlanalapa, Emiliano Zapata y Almoloya— cumplir con esta obligación se ha convertido, más que en un trámite, en un verdadero reto logístico, económico y de tiempo.
Hoy, el centro de verificación más cercano se encuentra en la zona metropolitana de Pachuca, específicamente sobre el bulevar Las Torres, cerca de Plaza Explanada. Llegar hasta allá implica, en el mejor de los casos, un trayecto de 40 minutos; en el peor, hasta una hora y media. Y eso solo de ida. Sumemos el regreso y hablamos fácilmente de dos a tres horas de traslado, sin contar el tiempo de espera dentro del verificentro.
Porque aunque se cuente con cita, la realidad es que en días saturados la espera puede prolongarse una o dos horas más. Al final, verificar un automóvil nos puede consumir medio día completo. Tiempo valioso que muchas personas podrían dedicar al trabajo, la familia, el descanso o cualquier otra actividad productiva.
Pero el costo no es solo en tiempo.
Está el gasto en gasolina, el desgaste mecánico del vehículo, el riesgo latente de sufrir algún percance en carretera y, por supuesto, el pago propio de la verificación. Todo esto en un contexto donde las carreteras estatales presentan un deterioro evidente: baches, tramos en mal estado y condiciones que incrementan la posibilidad de accidentes.
Para muchas familias, esta combinación de factores convierte la verificación en un gasto pesado, poco rentable y, en algunos casos, simplemente imposible de asumir con regularidad.
La consecuencia es evidente: existe un alto rezago de vehículos sin verificar en esta región del estado. No por falta de voluntad, sino por falta de condiciones reales para cumplir.
Paradójicamente, quienes suelen hacer el esfuerzo son, en su mayoría, las personas que viajan con frecuencia a la Ciudad de México o a la zona metropolitana, ya sea por trabajo, estudios o trámites. Para ellos, la verificación deja de ser opcional. Para el resto, se convierte en una obligación distante, incómoda y poco prioritaria, ante una logística que no favorece en nada.
Esto genera un círculo vicioso: no se verifica porque es complicado, y al no verificar, se acumulan multas que no son nada accesibles. Multas que, sumadas al costo del traslado y la verificación, convierten el cumplimiento en una carga económica considerable.
Incluso en procesos tan cotidianos como la compra-venta de un vehículo, la falta de verificación se vuelve un problema. Para el comprador, representa una señal de alerta: dudas mecánicas, posibles adeudos, sanciones pendientes. Para el vendedor, una desventaja directa. Y así, un trámite que debería ser sencillo termina impactando la economía familiar, el mercado local y la certeza jurídica de los ciudadanos.
Desde hace tiempo se ha hablado de la posible instalación de un verificentro en el municipio de Apan. Una idea lógica, estratégica y necesaria. Apan, por su ubicación geográfica, podría convertirse en un punto regional de atención que beneficiaría directamente a miles de automovilistas del Altiplano hidalguense.
Un centro de verificación en esta zona reduciría tiempos, costos, riesgos y facilitaría el cumplimiento. Además, representaría una fuente importante de recaudación para el estado y una mejora directa en los índices de regularización vehicular.
Entonces, la pregunta es inevitable:
¿por qué esta región sigue sin ser prioritaria?
El Altiplano hidalguense no es una zona marginal ni secundaria. Es una región productiva, trabajadora, con alto movimiento vehicular, con miles de ciudadanos que contribuyen todos los días al desarrollo económico del estado. Ignorar sus condiciones geográficas y sociales es una omisión que ya pesa demasiado.
Verificar no debería ser un lujo. No debería implicar un viaje forzado, un gasto excesivo ni una pérdida absurda de tiempo. Debería ser un trámite accesible, cercano y funcional.
Hoy más que nunca, las autoridades estatales tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de voltear a ver esta región con seriedad, sensibilidad y visión estratégica. Instalar un verificentro regional no es un capricho: es una necesidad urgente.
Porque cumplir con la ley debería ser sencillo.
Porque cuidar el medio ambiente debería ser posible para todos.
Y porque el desarrollo del estado también se construye atendiendo las realidades locales.
El Altiplano hidalguense merece soluciones, no más distancias.
